A partir de junio de 1976, el fenómeno de persecución contra la Universidad Nacional del Sur inició una nueva etapa caracterizada como un programa represivo planificado que combinó secuestros, torturas e intentos de justificar jurídicamente la violencia, articulando fuerzas militares, policiales, judiciales y medios de comunicación.
En ese marco, un grupo de treintas personas –conformado por docentes, graduados y personal de la UNS– fue ilegalmente privados de la libertad por sus actividades de cátedra, calificadas como “práctica subversiva”, a través del armado de dos causas judiciales con intervención del juez federal Guillermo Federico Madueño, actuando bajo las órdenes de las autoridades militares de la subzona 51.
Las víctimas de secuestro fueron los docentes y/o graduados del Departamento de Economía Eduardo Alfredo Villamil, Dolio Heraldo Sfascia, Héctor Pistonesi, Miguel Angel Arias, Anahí Silvia Rodríguez, Heber Nazareno Tappatá, Victorio Manuel Schillizzi, Carlos Adolfo Barrera, Luis Alberto Rodríguez, Alberto Constante Barbeito, Edgardo Arturo Trigo, Hugo Reinaldo Sartison, Juan Pedro Drisaldi, Carlos Alberto Cristiá y Horacio Ciafardini; los docentes del Departamento de Humanidades Mario Arnaldo Usabiaga, Hugo Osvaldo Del Campo, Ana María Francisca Pucciarelli, Carlos Bernardo Dartiguelongue, Félix Gustavo Schuster, Marta Natividad Pantano de Bosco, Daniel Villar, Marcos Luís Isabal y Oscar Julio Galfre; las autoridades académicas Rafael Luis Laplaza, Mario Carlos Aggi, Walter Enrique Daub; la psicóloga María Gabriela Sartori; la asistente social Stella Maris Ramírez y su hijo menor de edad Sergio Gustavo Custodio, así como el compañero de estudios de este último –también menor de edad– Rodolfo Humberto Casanova.
En la actualidad, el caso de las víctimas es materia de juzgamiento por parte de la justicia federal de la ciudad de Bahía Blanca, que ha calificado los hechos sufridos como Crímenes de Lesa Humanidad.
2) Mecanismo: secuestro, cautiverio y tortura
De acuerdo a la acusación formulada por la Fiscalía, los hechos se caracterizaron por:
- El secuestro de las víctimas por la Policía Federal Argentina,
- El paso por un primer período de cautiverio, tormentos e interrogatorios violentos en la delegación policial de Bahía Blanca,
- La indagatoria judicial de las víctimas en esa sede policial,
- El posterior traslado a la Unidad Penitenciaria N° 4 de Villa Floresta,
- y, en algunos casos, la continuidad del cautiverio en otras unidades penales del país.
3) Ideación y planificación de la campaña de acción psicológica
A principios de 1976, el general Adel Vilas asumió como Segundo Comandante del V Cuerpo de Ejército y jefe de la Subzona Represiva 51. Venía precedido por una fama sombría: haber comandado el Operativo Independencia en Tucumán durante 1975, donde ensayó los primeros centros clandestinos de detención del país.
La planificación de Vilas para el armado de las causas judiciales contra los docentes de la UNS se estructuró a través de tres componentes clave:
1. El diagnóstico de Vilas y la doctrina de la «penetración marxista»
Tal como lo relata el propio Vilas en su artículo “Bahía Blanca: el hecho histórico”, al arribar a Bahía Blanca, el militar se propuso demostrar que el verdadero peligro no provenía únicamente de las guerrillas armadas, sino de los claustros académicos, e instalar la idea de que los docentes de ciencias sociales y economía eran «agentes de la subversión ideológica» encargados de envenenar la mente de los jóvenes mediante teorías críticas o heterodoxas. Bajo su óptica, la UNS no era un centro educativo, sino una «Universidad de la Subversión» o una «escuela de la subversión del país». En su propuesta «estratégica», la batalla cultural e ideológica era tan importante como la armada.
En este tenor, para su «empresa de limpieza», no bastaba con secuestrar personas en la clandestinidad; era imperativo exponer públicamente el «complot marxista» para disciplinar a toda la sociedad y justificar el golpe de Estado ante la opinión pública.
2. La planificación del «teatro judicial» con la Justicia Federal
El núcleo de la estrategia de Vilas radicó en utilizar las instituciones del propio Estado para dar una fachada de legalidad al terrorismo estatal.
- Las reuniones nocturnas: Investigaciones de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca comprobaron que Vilas mantenía reuniones nocturnas secretas con el juez federal de Bahía Blanca de ese momento, Guillermo Madueño. En esas tertulias se planificaban los pasos de las causas penales que se iban a abrir.
- El mecanismo de la farsa: las fuerzas represivas realizaban violentos allanamientos en los domicilios de los profesores de la UNS. Secuestraban libros de autores como Karl Marx, Max Weber, Keynes o incluso literatura clásica, y los catalogaban como «material subversivo».
- Legalización del secuestro: Con esas «pruebas», la Policía Federal y el Ejército detenían a los docentes. Luego, eran llevados a la delegación policial o a penales bajo la figura de la Ley de Seguridad Nacional 20.840, pero con la complicidad de funcionarios judiciales que tomaban declaraciones a los prisioneros mientras estos estaban en un estado de total indefensión.
3. La pata comunicacional: Acción psicológica y «La Nueva Provincia»
Las causas penales armadas carecían de sustento jurídico real, por lo que requerían de un fuerte componente de acción psicológica sobre la población. En este punto, la planificación de Vilas se acopló con el multimedios local La Nueva Provincia, propiedad de la familia Massot.
- El diario publicaba en portada ampulosos titulares provistos por los comunicados del V Cuerpo de Ejército, anunciando que se había desbaratado un «plan de infiltración ideológica y socio-cultural» en la universidad.
- Se publicaban con nombre, apellido y fotografía las listas de los profesores arrestados y de los «fugitivos» (muchos de los cuales ya se habían exiliado para salvar sus vidas).
- Esta difamación pública destruía la reputación de los académicos del Departamento de Humanidades y del Departamento de Economía, presentándolos ante la comunidad bahiense como criminales ideológicos.
El impacto final de su plan
El «éxito» del plan criminal ideado por Vilas se tradujo en el desmantelamiento total del pensamiento crítico en el sur argentino, con la destrucción de carreras profesiones y la migración calificada de científicos y académicos que debieron exiliarse en otras naciones. En conferencias de prensa de 1976, Vilas se ufanaba ante periodistas locales y extranjeros de que la campaña en Bahía Blanca sería un éxito rotundo cuando hubieran acabado con la izquierda revolucionaria en el ámbito educativo.
A su vez, unos 256 trabajadores de la UNS fueran formalmente dados de baja de sus puestos de trabajo, transformando por completo la identidad de la institución por más de una década.
