El caso de persecución a los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en Bahía Blanca durante la década de 1970 constituyó uno de los capítulos de represión ideológica, institucional y física más severos del ámbito académico argentino. Este proceso destructivo operó mediante una pinza represiva que combinó la violencia para-policial antes del golpe de Estado de 1976 y causas judiciales armadas junto con detenciones masivas y cesantías masivas durante la última dictadura militar.
1. La antesala del golpe: La intervención de Remus Tetu y la Triple A (1974-1975)
La violencia institucional y física sobre la comunidad de la UNS comenzó formalmente antes del golpe militar de 1976.
- La designación de Remus Tetu: a principios de 1975, el gobierno designó como interventor al profesor de origen rumano Remus Tetu, una figura con antecedentes en regímenes afines al nazismo en Europa, quien asumió un rol explícito de persecución ideológica.
- La Triple A: bajo la gestión de Tetu y la articulación local del dirigente sindical de la CGT Rodolfo Ponce, se contrató a un cuerpo de «vigilancia» de la universidad que formaba parte de la organización parapolicial Triple A en la ciudad.
- El crimen de «Watu»: El 3 de abril de 1975, esta patota asesinó al estudiante y militante comunista David «Watu» Cilleruelo en los pasillos de la sede universitaria principal de la avenida Alem 1253. Tras este suceso y ante la protesta del alumnado, 23 estudiantes fueron detenidos y expulsados de la institución.
2. El «Saneamiento» ideológico y las bajas masivas (1976)
A partir de marzo de 1976, el proceso de persecución alcanzó su pico de intensidad administrativa bajo el concepto de realizar un «saneamiento» profundo del sector educativo.
- Bajas y cesantías masivas: De acuerdo con la propia documentación histórica burocrática de la UNS, se registraron inicialmente 212 bajas que ascendieron a un total aproximado de 256 trabajadores apartados. Este grupo represivo estuvo compuesto por 145 docentes y 111 trabajadores no docentes exonerados por motivos ideológicos. [1]
3. Las causas judiciales armadas contra la «penetración marxista»
La persecución combinó de forma sistemática el accionar de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad estatales, el fuero judicial federal y la complicidad ideológica de multimedios locales como el diario La Nueva Provincia. La persecución a los profesores se estructuró a través de dos grandes expedientes judiciales con intervención de la Policía Federal, orientados a investigar una supuesta «penetración marxista en la UNS»:
- La causa contra el Departamento de Economía: Apuntó a la persecución de los docentes que enseñaban teorías económicas heterodoxas o críticas, imputándolos bajo la Ley de Seguridad Nacional 20.840. [2]
- La causa contra el Departamento de Humanidades: Focalizada en los docentes de las carreras de Letras, Filosofía e Historia. Cuatro profesores de Ciencias Sociales fueron sometidos de inmediato a prisión preventiva por sus posturas teóricas e intelectuales.
4. Secuestros, torturas y el rol de la justicia actual
El plan sistemático no se detuvo en las aulas ni en las oficinas judiciales. Entre junio y noviembre de 1976, decenas de profesores y estudiantes de materias como Matemáticas, Biología y Filosofía, así como psicopedagogos de las Escuelas Medias dependientes de la UNS, sufrieron secuestros ilegales, traslados a centros clandestinos de detención y tormentos físicos. [1]
- Estado de las causas de Lesa Humanidad: En los últimos años, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca logró impulsar investigaciones penales específicas sobre este entramado para juzgar tanto a exmilitares como a los civiles (jueces, fiscales de la época y directivos de medios) que le dieron sustento jurídico y comunicacional a la represión en los claustros. [1]
- Reparación institucional: La universidad ejerce hoy un rol activo como querellante en juicios de lesa humanidad (como el del caso Cilleruelo) y lleva adelante un programa continuo de reparación y entrega de legajos modificados a los familiares y sobrevivientes del personal docente y no docente que fue víctima del terrorismo de Estado. [1, 2]